Amnistía a presos políticos

La convencional María Rivera (Pueblo Constituyente) junto a otros 10 constituyentes, presentó una iniciativa de norma que busca poner “fin a la prisión política en el Estado de Chile”. En concreto, la propuesta pretende que en el proyecto de Nueva Constitución se establezca que “el Estado de Chile rechaza toda forma de prisión política”, con el fin de lograr la libertad de todos los “presos políticos” entre el 11 de marzo 1990 y la fecha del plebiscito de salida, a través de una “amnistía total y sin condiciones”. Esto ha provocado una reacción de Convencionales de Chile Vamos, que han cuestionado tanto el perfil de las personas que se pretende amnistiar, así como la especificidad de la propuesta, que correspondería más bien a la legislación, y el hecho de que se incluyan hechos ocurridos hasta el plebiscito de salida, lo que implica que se podrían consideran hechos futuros al momento de la presentación de la propuesta. Estos elementos pueden dificultar la aprobación de la iniciativa. La propuesta deberá ser votada en la Comisión de Derechos Fundamentales antes del fin de marzo.

• Introducción

  La convencional María Rivera (Pueblo Constituyente) junto a otros 10 constituyentes, la mayoría de Pueblo Constituyente, presentó una iniciativa de norma que busca poner “fin a la prisión política en el Estado de Chile”. En concreto, la propuesta pretende que en el proyecto de Nueva Constitución se establezca que “el Estado de Chile rechaza toda forma de prisión política”, con el fin de lograr la libertad de todos los “presos políticos” entre el 11 de marzo 1990 y la fecha del plebiscito de salida, a través de una “amnistía total y sin condiciones”[1].

   

  La propuesta, enviada a la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención, acusa que el Estado chileno “tiene bajo régimen de prisión política”, en calidad de imputados, condenados o bajo medidas cautelares, a “centenas de luchadores sociales, chilenos y mapuche”.

  [1] https://www.latercera.com/politica/noticia/grupo-de-11-convencionales-presenta-iniciativa-de-amnistia-para-exsubversivos-condenados-por-bombas-y-violencia-rural/KHXZUDXXNZBZTOD5S2N65KROLM/

• Argumentos

  La convencional Rivera explicó que la liberación de los presos políticos es “el primer paso que tenemos que dar si queremos reconstruir este país después del ‘terremoto’ del 18 de octubre”. Así mismo, explicó que aquellos que fueron detenidos antes del estallido social también son presos políticos, porque “han luchado por las mismas causas que estamos luchando hoy”.

   

  De acuerdo a los autores de la propuesta, se considera que un preso político es toda persona privada de libertad, ya sea por una sentencia condenatoria o bajo una medida cautelar, por imputarse su participación en actos de connotación política.

   

  La norma incluye una recopilación de algunos de los casos que, a criterio de los firmantes de la propuesta, calificarían como “presos políticos”. Uno de estos grupos corresponde a integrantes de grupos que combatieron contra la dictadura de Pinochet. Entre ellos, acusan que existió una persecución en contra de los exfrentistas Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards; y Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del asesinato de Guzmán.

   

  También se solicita la no aplicación de la “Ley Antiterrorista”, pues, según se argumenta, es usada para “la represión de grupos de resistencia al sistema capitalista”. Asimismo, se pide la no aplicación de la Ley de Control de Armas, con la que se ha condenado y mantenido en prisión preventiva a personas como los imputados del caso Bombas.

   

  Sobre casos como estos, la convencional Rivera señaló que “los presos que están acusados de poner bombas o el comandante Ramiro también son presos políticos, porque sus acciones han sido motivadas por la lucha contra este régimen capitalista neoliberal nefasto.”.

   

  La propuesta también menciona que se debe considerar la “sistemática vulneración a los Derechos Humanos en las comunidades indígenas” y hace referencia al caso conocido como “Norín Catrimán v/s Chile”, en que ocho comuneros mapuche fueron encarcelados e imputados por la Ley Antiterrorista. 11 años después, por falta de pruebas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por violar el principio de presunción de inocencia. También se menciona el caso del machi Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Frente a casos como estos, Rivera sostuvo: “Los presos mapuche están presos porque luchan por sus tierras que están bajo ocupación de las forestales”.

   

  Dentro de los convencionales de la UDI, la iniciativa causó una reacción en contra. El convencional Rodrigo Álvarez señaló que “es una norma equivocada tanto histórica como jurídicamente. Dejaría en la impunidad delitos gravísimos como el asesinato de un senador en democracia. Además, es una materia propia del Congreso y no de una Convención que prepara una Constitución para las próximas décadas”. También se ha cuestionado que el proyecto mencione directamente a los casos amnistiables, así como el hecho de que se incluyan hechos ocurridos hasta el plebiscito de salida, lo que implica que se podrían consideran hechos futuros al momento de la presentación de la propuesta.

• Actores

  Además de la firma de Rivera (Pueblo Constituyente), abogada y autora principal de la norma, esta cuenta con el respaldo de Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), la machi Francisca Linconao (Pueblo Mapuche), Dayyana González (Pueblo Constituyente), Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), Constanza San Juan (IND), Eric Chinga (Pueblo Diaguita), Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente), Elsa Labraña (Pueblo Constituyente), Lisette Vergara (Pueblo Constituyente) y Camila Zárate (Pueblo Constituyente).

• Proyección

  La propuesta es presentada principalmente por miembros de Pueblo Constituyente, que corresponde a convencionales que compitieron por la llamada Lista del Pueblo. Como tal, estos convencionales han mostrado constantemente un apoyo y preocupación por los llamados “presos de la revuelta”, así como a otras personas que consideran dentro de la categoría de “presos políticos”. Esta situación, de hecho, fue discutida en una de las primeras sesiones de la Convención Constitucional y derivó en la emisión de una declaración por parte del Pleno de la Convención[1]. Sin embargo, cabe destacar que en esta discusión no se aprobó la versión de la declaración propuesta por la Lista del Pueblo y otros actores, sino que aquella presentada por el Colectivo Socialista y el Frente Amplio fue la que recibió más apoyos. Adicionalmente, esta iniciativa puede ser sujeta a más cuestionamientos no solo por parte de Chile Vamos, sino por otros actores de la centroizquierda que pongan en duda su especificidad y la posibilidad de ser una materia legislativa más que constitucional.  Estos elementos pueden dificultar su aprobación. Con todo, la propuesta deberá ser votada en la Comisión de Derechos Fundamentales antes del fin de marzo.

  [1] https://www.pauta.cl/politica/declaracion-presos-politicos-estallido-social-convencion-constitucional